Comunicado de los colegios de Enfermería de Aragón tras la tragedia de Villafranca de Ebro
Desde la Organización colegial se advierte que problemas ya detectados en las residencias de nuestra Comunidad se han agravado desde la irrupción de la COVID-19. Aragón cuenta con una legislación de 1992, “obsoleta” en materia de centros sociosanitarios, muy lejos de estar adaptada al actual marco demográfico y de atención a los usuarios.
El suceso acaecido el pasado 15 de noviembre en la residencia geriátrica de la localidad zaragozana de Villafranca de Ebro ha puesto, de forma dolorosa, en el centro del debate una cuestión: la atención a nuestros mayores.
Tal y como advierten los colegios de Enfermería de Huesca, Teruel y Zaragoza, los múltiples problemas detectados por los profesionales de Enfermería en la Comunidad desde hace ya tiempo se han visto agudizados a raíz de la pandemia de la COVID. Dichas inquietudes, recogidas y analizadas por un comité de trabajo enfermero, fueron compartidas con la Administración el pasado mes de julio con una propuesta de actualización y modificación de la actual legislación que tiene más de 30 años.
A juicio de la Organización colegial aragonesa, el perfil de residentes de los centros sociosanitarios ha evolucionado en las últimas décadas hacia un usuario con mayor grado de dependencia, además de con una importante demanda de servicios específicos.
Esto hace que estos equipamientos, a juicio de las enfermeras, se están convirtiendo en centros cada vez “más sanitarios que sociales” debido al estado de salud complejo de sus usuarios. “Estamos hablando, entre otros, de pluripatología, de fragilidad, de incontinencias, caídas, síndrome confusional, úlceras por presión, enfermedades neurológicas degenerativas, etc.”, detallan desde el grupo de trabajo. El resultado, tal y como advierte la Enfermería aragonesa, es que “tenemos personas mayores dependientes con alta carga de enfermedad, viviendo en residencias sociales no definidas para cubrir sus necesidades de salud”.
Todo ello con un marco legislativo (Decreto 111/1992) en el que, el único apartado que se refiere al personal de atención, habla de ratios de trabajadores en total sin discriminación de la categoría o cometido. “Igual puede ser un cocinero que un administrativo”, indica el grupo de trabajo. Añaden que “también dice que las tareas de cuidado y atención se realizarán por personal capacitado para esta función”. Es decir, no contempla que haya una ratio determinada de profesionales en las residencias de ámbito privado.
En el caso de las residencias privadas con plazas concertadas por la Administración Pública, es de aplicación la Orden de 19 de marzo de 1998 del Departamento de Sanidad, en el que sí que aparece una ratio para contratar médicos y enfermeras, pero no existe obligatoriedad en su cumplimiento.
A estos problemas se suma, tal y como denuncian los colegios provinciales, que las personas que trabajan en estos centros no están lo suficientemente cualificadas. “Hay mucha variabilidad de perfiles profesionales, es un sector muy feminizado, en los que la mayor parte está en el sector privado, y en ocasiones estas trabajadoras no cuentan con unas competencias específicas en la atención al nuevo perfil de las personas que viven en estos centros”.
Además, las ratios y los salarios de estas personas son claramente insuficientes, en ocasiones debido a la falta de disponibilidad de recursos; pero también debido a la inadecuación del enfoque sobre qué es importante para el cuidado y la protección de las personas.
Una situación algo diferente se vive en los centros públicos en cuanto a que los profesionales sí que tienen la titulación adecuada, enfermeras o enfermeros, pero las condiciones laborales, tanto económicas como de reconocimiento social son muy diferentes.
“En estos casos, cuestiones como la indicación enfermera o el reconocimiento de las competencias profesionales deberían ser una prioridad para una atención rápida y segura de estos residentes”, explican desde el grupo de trabajo enfermero.
PROPUESTAS DESDE LA ENFERMERÍA
Ante este escenario, desde los colegios de Enfermería de Huesca, Teruel y Zaragoza se insta a las Administraciones públicas a adecuar de forma urgente la legislación a la realidad actual, ya que es un marco obsoleto de más de 30 años”.
“Necesitamos un modelo de trabajo común centrado en la persona y enfocado a la realidad que se vive en esos centros; con unas ratios de profesionales de enfermería y medicina dependiendo del número de residentes tanto en residencias públicas como en privadas”. No hay que olvidar que muchos de estos usuarios son atendidos por personal de los centros de salud y, hoy en día, es “inviable dar una adecuada atención a estos pacientes debido a las dimensiones de estos centros residenciales; su número de usuarios y patologías complejas”.
Es necesaria la coordinación entre todos niveles asistenciales para que la comunicación a través de la historia de los pacientes sea fluida y que se pueda acceder desde cualquier centro residencial. De este modo existirá una equidad en la atención en cualquier de los centros donde haya un residente.
Debe existir un reconocimiento profesional a enfermeras y resto de personal que trabaja en residencias, que se derive en mejoras en los contratos, remuneración económica adecuada y reconocimiento de las instituciones.
Otra idea es contratar especialistas médicos en Geriatría, así como a enfermeras especialistas en Geriatría, que son una figura clave en la parte asistencial y en la dirección, coordinación y gestión de recursos y cuidados. Para una mejor atención a este tipo de pacientes en residencias estos dos tipos de profesionales son la clave. Por lo tanto, es necesario crear unas bolsas de trabajo con profesionales cualificados.
El grupo de trabajo termina apostando por la creación de grupos de Atención de apoyo para las residencias de igual forma que se constituyeron en la pandemia de COVID y que, en su opinión “fueron un gran acierto”.