La Mesa de la Profesión Enfermera hace un llamamiento a la tranquilidad: la sentencia del Constitucional no tiene efecto en la práctica profesional
Esta sentencia no va a tener efecto alguno en lo relativo a la regulación de la práctica profesional enfermera y afecta exclusivamente a un acto administrativo: la expedición de la acreditación de las enfermeras y enfermeros como prescriptores. El resto de aspectos regulados mantienen su plena vigencia. La sentencia no tiene efectos retroactivos, con lo que las acreditaciones que ya hayan sido expedidas mantienen su plena legalidad.
Desde la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería, SATSE, queremos hacer un llamamiento a la tranquilidad de los enfermeros y enfermeras respecto a la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 5 de julio de 2018 dada a conocer hoy, ya que se refiere exclusivamente a la competencia administrativa para acreditar a los profesionales de Enfermería prescriptores y no afecta a ningún otro aspecto regulado en la Ley del Medicamento y en el Real Decreto 954/2015, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.
Esta sentencia no va a tener efecto alguno en lo relativo a la regulación de la práctica profesional enfermera y afecta exclusivamente a un acto administrativo, concretamente, a la expedición de la acreditación de los profesionales como prescriptores. Salvo lo relativo a dicho acto administrativo, los artículos de la Ley del Medicamento y del Real Decreto de prescripción enfermera mantienen su plena vigencia, señalan desde la Mesa de la Profesión Enfermera.
Así, el fallo del Tribunal Constitucional establece que el acto administrativo de la expedición de la acreditación de las enfermeras y enfermeros como prescriptores es una competencia de las CC.AA. y no del Ministerio de Sanidad, como estaba regulado hasta ahora. No obstante, el Tribunal Constitucional deja bien claro en su sentencia que los criterios para la acreditación de los profesionales son materia básica y, por tanto, los va a seguir fijando el Estado conjuntamente con las organizaciones colegiales de médicos y enfermeros, estableciendo que debe seguir siendo así para garantizar la cohesión y la homogeneidad en la competencia prescriptora en todo el Sistema Nacional de Salud.
Además, es importante destacar que la sentencia preserva la seguridad jurídica de aquellos profesionales que obtuvieron la acreditación antes de la misma. Al respecto, la Mesa de la Profesión Enfermera apunta que los magistrados dejan bien claro que la sentencia no tiene efectos retroactivos, con lo que las acreditaciones que ya hayan sido expedidas mantienen su plena legalidad.
En cualquier caso, la Mesa de la Profesión Enfermera insta al Gobierno a la aprobación y publicación del actual proyecto de Real Decreto de prescripción enfermera que tiene previsto corregir las graves deficiencias existentes en el todavía vigente y que, además, ya preveía la eliminación de la necesidad de un acto administrativo para obtener la acreditación, ya que esta será automática.
Finalmente, la Mesa de la Profesión Enfermera quiere expresar su total conformidad respecto a la propuesta de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, de modificar la Ley del Medicamento para que las enfermeras y enfermeros, dentro de su ámbito de competencias, sean incluidos como prescriptores en los mismos términos que el resto de profesionales.
No obstante, hay que tener en cuenta que una modificación de dicha Ley requiere de unos largos plazos que afectarían de lleno a la labor asistencial que realizan, de forma diaria, los profesionales enfermeros, como en el caso de las vacunaciones de niños y adultos. Por ello, instamos a que se dé respuesta a la petición realizada desde las CC.AA. y al consenso entre las profesiones enfermera y médica y se publique cuanto antes en el BOE el nuevo RD de prescripción enfermera, y que paralelamente se vaya trabajando en esta modificación legislativa.